Registro de Especialistas: Compliance Penal y Mediación Organizacional, Penal-Penitenciaria.

¿PORQUÉ ES NECESARIO REALIZAR PROGRAMAS DE COMPLIANCE Y MEDIACIÓN?

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GUIA PRÁCTICA DE COMPLIANCE.pptx
Presentación Microsoft Power Point [15.2 MB]

 

Todas las empresas con Personalidad Jurídica propia, deben diseñar planes de preveción y respuesta ante la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que exige nuestro Código Penal.

 

 

 Así el art. 31 bis del C.P. español ha introducido, desde el año 2.010, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y concretamente recoge:

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

  • a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  • b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

  • 1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
  • 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
  • 3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y
  • 4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • 1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  • 2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
  • 3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
  • 4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
  • 5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  • 6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

 

Artículo 31 ter

1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.

2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.

Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

  • a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
  • b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
  • c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
  • d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

 

Esto supone, que las Personas Jurídicas, además de las personas físicas que sean responsables de la comisión del delito, podrán ser condenadas por los Órganos Jurisdiccionales de orden penal, a las siguientes penas, todas ellas graves, de acuerdo con lo siguiente:

7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:

  • a) Multa por cuotas o proporcional.
  • b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
  • c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  • d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  • e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
  • f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
  • g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.

Por ello, es conveniente que en las empresas y organizaciones que tengan la figura de Persona Jurídica, la implantación de programas de “Corporate compliance” para minimizar, atenuar o incluso excluir la responsabilidad penal de la citada “persona jurídica” por la comisión de delitos de las personas físicas que prestan sus servicios en y por cuenta de la entidad responsable.

Estos programas DEBEN SER REALIZADOS POR ESPECIALISTAS EN RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS, formados debimamente como COMPLIANCE OFFICERS, para que, en caso de imputación penal de las Empresas (personas jurídicas) pueden conseguir ser eximidas de tal Responsabiliad Penal.

Pues bien, es necesaria la creación de medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos futuros que pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica, entendemos que la implantación de programas preventivos de mediación organizacional, e incluso de conflictos, bien latentes, emergentes o ya visibles, también será un medio que ayudará a evitar responsabilidades de la persona jurídica, sobre todo de delitos, cuya tipicidad, aunque no es exclusiva de este tipo de organizaciones, si se dan en mayor medida, como son las modalidades de acoso, en todas sus vertientes, tanto en el ámbito laboral como en las relaciones estrictamente persona

 

 

Por ello, las empresas pueden solicitarnos la REALIZACIÓN DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE DELITOS requeridos por el citado art. 31 bis del CP, y les pondremos en contacto con nuestros especialistas, formados en nuestra Escuela de Formación, que le ofertarán sus servicios.

 

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Si su empresa ya está siendo investigada en un Procedimiento Penal, disponemos de Abogados especializados en Compliance Penal (tambièn formados como Mediadores) que pueden dirigir la Defensa de su empresa.

 

Para ello, hemos creado un equipo de profesionales, coordinado por la Dirección General de ASEMED, que están solidamente formados en Corporate Compliance y Mediación Organizacional. Le podemos atender en toda España.

 

PROFESIONALES ACREDITADOS CON TITULACIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO DE CURSOS DE MEDIACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

JACINTO GONZÁLEZ ROMERO 5601 CURSO RESPONSABILIDAD PENAL DE P. J. C. O. M. O. P. Y P.
MAITANE BISBAL GONZÁLEZ 5601 CURSO RESPONSABILIDAD PENAL DE P. J. C. O. M. O. P. Y P.
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JESÚS LORENZO AGUILAR  7194 MÁSTER PROFESIONAL EN RPPJ, COMPLIANCE OFFICER Y M. ORG. (350 h.)
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LUIS MORENO LUCAS                          5601            PRÁCTICO RESP. PENAL DE PJ. 

Si quieres formarte como COMPLIANCE OFFICER puedes consultar la formación que impartimos, a través de la Escuela de Formación de ASEMED.

 

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